La modificación operada en el año 2010 sobre el Código Penal y en posteriores reformas ha introducido en nuestro ordenamiento un sistema de responsabilidad para las personas jurídicas que, hasta el momento era ajeno a nuestro sistema.

Ello se traduce en la posibilidad de declarar penalmente responsable a empresas, compañías o mercantiles de un determinado elenco de delitos que, cometidos en el seno de dichas organizaciones por alguno de sus empleados, pueden hacer responsable a la empresa, deteriorando su imagen corporativa, por lo que se hace imprescindible para ésta protegerse ante dichas prácticas.

Por ello, implementar un buen programa de Compliance Penal ofrece la posibilidad no sólo de establecer procesos y prácticas que garanticen un buen gobierno de la entidad, el seguimiento de prácticas acomodadas a códigos éticos de compromiso empresarial, sino también, evitar que la empresa se vea sometida a un proceso penal donde pueda acabar por serle impuesta una pena.